ARTÍCULO DE OPINIÓN

Elecciones en el Casino de Alcázar

El pasado sábado, 11 de abril, se celebró en el casino elecciones a la Presidencia. La sesión no defraudó. Pronto vimos que el proceso electoral no se ajustaba a la legalidad, ni a los principios de funcionamiento democrático exigibles:

         Mesa electoral comprometiendo su imparcialidad, reglamentos que no se cumplían, preguntas de los socios que esquivaban los directivos y, con tal desorden, pronto aparecieron las voces, insultos y amenazas. Espectáculo bochornoso que, lamentablemente, en los últimos años forma parte de la identidad y cultura del casino.

         Se presentaron dos candidaturas: la “oficialista” y otra. Como era de esperar, ganó la primera, apoyada en el perfil de los socios: jubilados que no quieren problemas y priorizan el no compromiso por encima de la reivindicación activa o el cambio social. Y mucho más con la nula información sobre la marcha del casino, así como sobre los procesos judiciales con los que algunos directivos, a mi entender, están deshonrando a la Institución.

         Ante tal cúmulo de irregularidades, un numeroso grupo de socios se abstuvo de votar, presentando escrito de impugnación que tramitarán judicialmente.

         Candidatura ganadora compuesta por siete miembros. Cinco de ellos provenientes de la anterior Junta directiva, cuya elección fue declarada “nula de pleno derecho” por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Alcázar, el 12 de febrero del presente año, condenando a la Asociación (casino)  a “reponer la situación al momento anterior a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria de fecha 1 de junio de 2022”  y  también “al pago de las costas procesales”. Embrollo jurídico que deja al casino con notable menoscabo, anulando todas las actuaciones llevadas a cabo desde aquella fecha y, asimismo, estas elecciones.

         De la nueva Junta, dos miembros, incluido el presidente, están inmersos, como personas físicas (no el casino) en un proceso por rebelión a la autoridad. Procedimientos judiciales personales, con recursos y más recursos, pagados indebidamente con las cuotas de los socios.

         Presenta así el casino un escenario de gobernantes que, en mi opinión, ni la propia institución ni el pueblo merecen... Por el desagradable desarrollo de la sesión, parece acertada la opinión de uno de los asistentes, quien dijo: "Si buscáramos en Alcázar, detenidamente, personas para gobernar el casino, sería muy difícil encontrar algunas más incompetentes”.