Comunicado de IU Alcázar sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio

Izquierda Unida Alcázar de San Juan ha remitido un comunicado de prensa acerca del Servicio de Ayuda a domicilio que presta actualmente Sanivida y que dice textualmente:

“La empresa SANIVIDA, S.L., concesionaria del servicio de ayuda a domicilio en Alcázar, a requerimiento de la Inspección de Trabajo y previa denuncia del sindicato CCOO, en el mes de septiembre de 2024, abonó a las trabajadoras de la plantilla las cantidades correspondientes a las diferencias de salario resultantes de la aplicación del Acuerdo Marco Estatal del sector.

Con posterioridad, un Juzgado de lo Social ha dictado sentencia en resolución de conflicto colectivo interpuesto por el sindicato CCOO, en la que resuelve a favor de la patronal del sector, pues concluye que el convenio de empresa tiene aplicación preferente sobre el convenio sectorial estatal, autonómico o provincial en materia de salarios. Dicha sentencia ha sido recurrida por los sindicatos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha y se encuentra pendiente de resolución, por lo que la sentencia del Juzgado de lo Social no es firme, existiendo muchas probabilidades de que el recurso prospere.

Con fundamento en la mencionada sentencia, la dirección de la empresa SANIVIDA, S.L. considera que la regularización de salarios efectuada en el mes de septiembre de este año fue indebida y, en consecuencia, el pasado viernes 25 de octubre, entregó una carta a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Alcázar, en la que les manifiesta que se ve en la obligación de proceder a la regularización de los salarios que fueron indebidamente abonados mediante el descuento de los mismos en las nóminas de octubre, noviembre y diciembre de 2024.

De ejecutarse la regularización anunciada por SANIVIDA estaríamos ante una actuación ilegal que vulneraría gravemente, una vez más, los derechos laborales de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, pues la jurisprudencia del Tribunal Supremo, con fundamento en el artículo 1196 del Código Civil, es clara y reiterada en este asunto: La empresa no puede llevar a cabo una compensación de las cantidades indebidamente abonadas, cuando no media aceptación por el trabajador, al tratarse de cantidades controvertidas, no líquidas o exigibles. En tal supuesto, debe interponer demanda ante la jurisdicción social para resarcirse de lo indebidamente pagado.

Es decir, toda vez que la sentencia del Juzgado de lo Social en la que se basa la empresa SANIVIDA para considerar indebida la regularización de salarios de 2023 no es firme, la supuesta deuda de las trabajadoras no está vencida y, por tanto, ni es líquida ni es exigible. En definitiva, esa deuda no se debe compensar en las nóminas de las trabajadoras, sin un acuerdo previo y expreso con las mismas.

IZQUIERDA UNIDA, en coherencia con lo establecido en su ideario político, ha defendido siempre la gestión directa de los servicios públicos esenciales, entre los que se encuentra la ayuda a domicilio, pues la gestión privada de los mismos sólo tiene por finalidad el lucro económico de las empresas concesionarias, en detrimento de la calidad del servicio que se presta a las personas usuarias y de las condiciones laborales de las trabajadoras que lo prestan.  

En ese sentido, IZQUIERDA UNIDA viene manifestando que, desde el inicio del contrato con SANIVIDA, la concesionaria ha gestionado el servicio de ayuda a domicilio de Alcázar de un modo muy deficiente, tanto en lo relativo a los cuidados de las personas usuarias como en las condiciones laborales de las auxiliares que las cuidan. Y todo ello, ante la pasividad de la Concejalía de Servicios Sociales del ayuntamiento de Alcázar, que, a pesar de las numerosas quejas verbales y escritas de las personas usuarias del servicio y de sus familiares, se ha limitado a dar traslado de las mismas a la propia empresa concesionaria, sin haber llevado a cabo actuaciones de comprobación de los hechos denunciados ni de adopción de medidas de corrección en la prestación del servicio

Por todo ello, ante este atropello legal y, con independencia de las acciones legales que lleven a cabo los sindicatos y las trabajadoras del servicio (denuncias ante la Inspección de Trabajo, demandas ante el Juzgado de lo Social, etc.), IZQUIERDA UNIDA exige a la alcaldesa y a la concejala de Servicios Sociales del ayuntamiento de Alcázar que, de ejecutarse la compensación de salarios en las próximas nóminas de las trabajadoras, adopten las medidas pertinentes contra la empresa SANIVIDA por incumplimiento de los pliegos de condiciones del contrato del servicio de ayuda a domicilio, en las que se exige el respeto de la legislación laboral en la contratación del personal adscrito al servicio.

Y es que, aunque la gestión de este servicio de ayuda a domicilio esté privatizada, la responsabilidad última y principal de la prestación es del ayuntamiento, quien debe velar por que dicho servicio se preste en condiciones de calidad para las personas usuarias y respetando los derechos laborales de las auxiliares que lo prestan”.

Coordinadora Local de Izquierda Unida de Alcázar.