Funcionarios de la prisión de Alcázar condenan la agresión sexual a una compañera en Morón y exigen mayor protección laboral
Los funcionarios del Centro Penitenciario de Alcázar de San Juan se han sumado este miércoles al parón convocado a nivel nacional como muestra de apoyo a la psicóloga agredida sexualmente el pasado lunes en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla). La concentración, celebrada a las 12:00 horas a las puertas del centro, ha querido visibilizar la preocupación del colectivo ante una situación que consideran de alto riesgo y carente de suficiente protección.
“Cualquier agresión a un trabajador penitenciario nos afecta a todos, porque esto nos puede pasar casi cualquier día. No es lo normal, pero una situación tan grave te hace pensar muchas cosas”, ha declarado Fernando Puerta, director del centro alcazareño, quien ha explicado que, aunque en Alcázar se cuenta con una población reclusa reducida —actualmente 65 internos, en su mayoría mayores—, los riesgos siempre están presentes.
En el caso de una agresión grave, Puerta ha detallado que se aplican medidas disciplinarias contundentes, como el artículo 75.1 o 75.2 del reglamento penitenciario, y el posterior traslado del agresor a otro centro: “Evidentemente, el traslado sería inmediato porque no procede que esté en la misma prisión donde se ha producido un incidente tan grave”.
Desde la Asociación Profesional "Tu Abandono Me Puede Matar", también presente en la concentración, Carlos Ortiz ha denunciado que la agresión en Morón responde a una “negligencia estructural” por parte de la administración. “Este interno debía estar en un centro psiquiátrico, no en un módulo de respeto. La clasificación y separación interior son claves para la seguridad en los centros”, ha afirmado.
Ortiz ha recordado que en 2024 se registraron más de 500 agresiones a personal penitenciario, 107 de ellas de índole sexual: “Una cada tres días. Y lo único que hace la administración es blanquear estadísticas. No ha mejorado la situación”.
A nivel local, la situación en Alcázar es “relativamente controlada”, según ha indicado Ortiz, gracias al tamaño del centro y al trabajo coordinado del equipo. Actualmente, el servicio de interior está compuesto por ocho guardias y en cada guardia hay una media de cuatro funcionarios, todos ellos para cubrir 24 horas durante los 365 días del año. Sin embargo, ha señalado que siguen existiendo carencias estructurales: “Pedimos que se cubran las RPTs, que se actualicen los protocolos contra agresiones, que se nos reconozca como agentes de la autoridad y como profesión de riesgo”.
La concentración de este miércoles se ha desarrollado pacíficamente pero con firmeza en las reivindicaciones. El colectivo penitenciario exige a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y al Ministerio del Interior una respuesta inmediata, efectiva y estructural para garantizar la seguridad de quienes trabajan en los centros penitenciarios.