Casi la mitad de los trabajadores del campo en Ciudad Real son extranjeros: el Gobierno refuerza el control de las contrataciones agrícolas
La provincia de Ciudad Real afronta una nueva campaña agrícola con un dato que refleja la dependencia del sector agrario de la mano de obra migrante: el 40,5 por ciento de los trabajadores afiliados en el campo son extranjeros. Una realidad que ha centrado este martes la reunión de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios, presidida por el subdelegado del Gobierno de España en Ciudad Real, David Broceño.
El encuentro ha servido para coordinar la planificación de las campañas agrícolas y reforzar el modelo de contratación legal y ordenada, tanto desde origen como mediante procesos de regularización, con el objetivo de garantizar mano de obra suficiente y, al mismo tiempo, asegurar condiciones laborales dignas.
Durante la reunión se ha puesto sobre la mesa la importancia estratégica que tiene actualmente la población migrante para el sostenimiento del campo ciudadrealeño. Según los datos analizados, la provincia cuenta con 180.883 personas afiliadas a la Seguridad Social, de las cuales 8.519 pertenecen al sector agrario. Además, de las 20.105 empresas registradas, 2.965 desarrollan su actividad en el ámbito agrícola.
El subdelegado del Gobierno ha dicho que “la contratación legal y ordenada es fundamental para garantizar campañas agrícolas eficaces, proteger los derechos de los trabajadores y ofrecer estabilidad a las explotaciones agrarias”.
Uno de los aspectos destacados ha sido la defensa del modelo de migración “regular, ordenada y segura” impulsado por el Gobierno de España, así como la importancia de la regularización extraordinaria para facilitar la incorporación al mercado laboral de personas migrantes en situación irregular y combatir la economía sumergida.
En este sentido, durante la comisión también se ha subrayado que las empresas pueden contratar trabajadores desde el momento en que la solicitud de regularización es admitida a trámite, sin necesidad de esperar a la resolución definitiva del expediente, una medida que busca aportar mayor agilidad y seguridad jurídica a las explotaciones agrícolas.
La reunión también ha servido para lanzar un mensaje de advertencia frente a las irregularidades detectadas en algunas campañas, especialmente relacionadas con casos de suplantación de identidad y cesión ilegal de trabajadores.
Desde la Subdelegación del Gobierno se ha recordado que las sanciones por emplear a trabajadores inmigrantes en situación irregular y sin contrato pueden alcanzar los 10.001 euros por trabajador.
Pese a ello, durante la comisión se ha reconocido el compromiso mayoritario del empresariado agrario de la provincia con el cumplimiento de la normativa laboral y de contratación.
Otro de los asuntos abordados ha sido la necesidad de seguir mejorando las condiciones laborales vinculadas a las campañas agrícolas, especialmente en cuestiones relacionadas con salarios, alojamiento y habitabilidad de los temporeros.
En la reunión han participado representantes de distintos organismos de la Administración General del Estado, entre ellos Inspección de Trabajo, Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Tributaria, SEPE y unidades de Trabajo, Inmigración y Extranjería, además de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, organizaciones agrarias, sindicatos y representantes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.