La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, entre ellas los administradores de una empresa de transporte de viajeros por carretera ubicada en la comarca de La Mancha, como presuntas autoras de delitos de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores. La operación ha sido desarrollada por el Grupo Central de Investigación de la Agrupación de Tráfico (GIAT Central) tras detectar un sistema fraudulento para manipular los registros de los tacógrafos digitales de los vehículos.

Según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil, los conductores implicados utilizaban dos tarjetas de tacógrafo distintas durante una misma jornada laboral. De este modo, realizaban los trayectos de ida con su propia tarjeta y, posteriormente, utilizaban la de otra persona para efectuar el regreso a la base de la empresa, simulando así los periodos de descanso obligatorios y pudiendo volver a conducir al día siguiente sin respetar los tiempos legales establecidos.

La investigación reveló que la empresa disponía de más vehículos que conductores contratados, circunstancia que habría motivado el uso de tarjetas pertenecientes a otras personas, incluidas las de los propios administradores. Estos, según la Guardia Civil, disponían además de tarjetas duplicadas que les permitían mantener la operativa fraudulenta sin levantar sospechas durante los controles rutinarios en carretera.

Los agentes realizaron dos registros, uno en la sede de la empresa y otro en las instalaciones donde se guardaban los autocares, con el objetivo de recopilar documentación y pruebas relacionadas con los hechos investigados. Durante la operación se incautaron diferentes elementos vinculados al control de la actividad de los conductores y a la gestión de los tacógrafos.

Desde la Guardia Civil recuerdan que la manipulación fraudulenta de los tacógrafos constituye un delito de falsedad documental en documento oficial, una consideración avalada por una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2020. Las penas previstas para este tipo de delitos pueden oscilar entre seis meses y tres años de prisión, además de multas económicas.

En la investigación han colaborado la Subdirección General de Inspección de Transporte por Carretera y Ferrocarril del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, así como efectivos del Sector de Tráfico de Castilla-La Mancha y de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en el marco de las diligencias que siguen desarrollándose.