Aquel viernes 25 de noviembre de 1960, hace sesenta y tres años, los cuerpos de las tres hermanas Mirabal, apodadas "Las Mariposas", fueron encontrados en el fondo de un acantilado en la República Dominicana. En su honor se conmemora cada año, en esta fecha, el Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, aprobado por la ONU en diciembre de 1999. Estas tres jóvenes valientes fueron asesinadas a garrotazos, por su lucha clandestina contra la dictadura que sufría el país.
Ana ha sufrido maltrato durante buena parte de su vida. Es muy complejo que una persona con discapacidad y que ha padecido violencia de género tenga ánimo para hablar de su vida. Quizá nuestra amistad, desde hace muchos años, le haya hecho sincerarse. Presenta una discapacidad reconocida de un 62%. Utiliza una silla de ruedas. Sufrió abusos sexuales durante su adolescencia por parte de personas cercanas. Las palizas, los insultos, el menosprecio y el maltrato psicológico en su matrimonio, eran habituales. Varios episodios depresivos le generaron un importante problema de salud mental. En más de una ocasión pensó poner fin a su vida. En la actualidad, Ana intenta ser feliz gracias a la ayuda que está recibiendo. Necesita que le escuchen y que la sociedad entienda a personas, como ella, que se encuentran en la misma situación.
La violencia de género está considerada como una profanación muy generalizada de los derechos humanos. Se trata de un problema social que afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Se manifiesta de múltiples formas, tales como la violencia física, psicológica, sexual y económica y tiene consecuencias devastadoras para las víctimas. Sin embargo, cuando hablamos de violencia de género y discapacidad, nos encontramos con una problemática aún más compleja y difícil de abordar.
Dada la importancia de este tema, resulta revelador que el colectivo de población de las mujeres con discapacidad afectadas no suele aparecer reflejado, o lo hace escasamente en las estadísticas generales que se publican sobre malos tratos. Simplemente no se presta la debida atención. En el Foro Europeo de la Discapacidad 1997-2007: “Diez años luchando por los derechos de las personas con discapacidad”, se llegaron a denominar “ciudadanas invisibles”, al no ser considerada su presencia como miembros de la sociedad.
A pesar de que existen escasas cifras precisas que no alcanzan relevancia estadística significativa, hay evidencias que nos permiten afirmar con rotundidad que las mujeres con discapacidad padecen violencia de género y que realmente el fenómeno existe. Un ejemplo de ello es el informe ‘Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia’. Se trata del primer estudio que analiza esta realidad en España realizado por Inserta Empleo (entidad de la Fundación ONCE). Una de sus conclusiones se refiere a que el 40,4% de las mujeres con discapacidad sufre violencia de género, frente al 32% de las mujeres sin discapacidad. Estas cifras nos resultan muy alarmantes.
La discapacidad y la violencia de género son dos realidades que lamentablemente se entrelazan en numerosas ocasiones, creando una situación aún más vulnerable para las mujeres afectadas. Intentaremos examinar a intersección entre la discapacidad y la violencia de género, destacando los desafíos específicos a los que se enfrentan estas mujeres y la importancia de abordar esta problemática de manera integral.
Las mujeres con discapacidad se encuentran en una situación de mayor riesgo de sufrir violencia de género, debido a su condición de debilidad. Las limitaciones físicas o mentales, que pueden presentar, les dificultan el escape y la defensa ante situaciones de abuso. Además, las barreras de comunicación y los obstáculos para acceder a recursos y servicios, también contribuyen a su exposición a la violencia. La discriminación y el estigma social que les rodean agravan aún más esta problemática, ya que suelen enfrentarse a actitudes negativas y prejuicios debido a su condición, lo que puede aumentar su aislamiento y su inseguridad.
En muchos casos, la violencia de género ocurre en su propio entorno familiar o en instituciones en donde, se supone, deberían estar protegidas. Esta forma de violencia puede adoptar diferentes formas, tales como abuso físico, sexual o psicológico. La falta de reconocimiento y de atención específica a esta problemática desprotege aún más a estas mujeres y perpetúa el ciclo de violencia.
Esta realidad, es un hecho que no se conoce o se conoce poco y, al que, una parte importante de la población no es sensible. Las personas con discapacidad física, sensorial, cognitivo-intelectual, visceral, múltiple, psicosocial, también sufren injusticias sociales y violencia de género. Son personas “doblemente” golpeadas por muchas de las injusticias sociales de determinados sectores de la población. De un lado, por ser consideradas tradicionalmente como “discapacitadas”, como sucede en el trato de inferioridad en los puestos de trabajo, aunque es poco habitual que lo tengan, en las percepciones salariales, niveles educativos...y, por otro, las propias por el hecho de ser mujeres, llegando a padecer violencia física, psicológica y sexual.
Además, se encuentran en una situación de mayor riesgo a la hora de sufrir comportamientos violentos, dado que sus posibilidades de defensa ante un agresor potencial están limitadas, padeciendo un fuerte sufrimiento y grandes dudas a la hora de denunciar la agresión por miedo a perder determinados vínculos de afecto y atención. En la mayoría de los casos tienen total dependencia del maltratador.
Es fundamental, poner fin a esta doble violencia y garantizar la protección y el apoyo adecuados a estas personas que son víctimas de violencia de género. Para ello, es necesario abordar la discriminación y el estigma asociados tanto a la discapacidad como al género. Es importante que las leyes y políticas aborden específicamente la violencia de género y discapacidad, y que se implementen programas de sensibilización y capacitación dirigidos a profesionales de la salud, la justicia y los servicios sociales.
Además, es esencial que se promuevan la participación y el liderazgo de las mujeres con discapacidad en las decisiones que las afectan, y que se les brinde acceso igualitario a los servicios de apoyo y justicia. La inclusión de la discapacidad en los programas y políticas relacionados con la violencia de género también es fundamental para garantizar una respuesta integral y efectiva.
Para que esta realidad cambie, debemos conseguir que las ciudadanas “invisibles” se sientan “visibles” y partícipes de una sociedad justa y también asumir que se trata de un problema social que nos afecta a todos. La realización de campañas de sensibilización, adaptadas a la idiosincrasia de las mujeres con discapacidad, sería una herramienta muy eficaz, así como también el trabajo en el ámbito educativo y legal desarrollando una legislación inclusiva, que considere, de forma explícita, la discapacidad como una variable de integración en la violencia de género. De este modo se logrará que se adopten medidas por las distintas instituciones que refuten todas las formas de explotación, violencia y abuso.
En conclusión, la discapacidad y la violencia de género están estrechamente interrelacionadas. Es indispensable abordar esta problemática desde un enfoque integral que garantice la protección, acceso a recursos y cambios sociales necesarios para erradicarla contra estas mujeres y promover su plena inclusión y fortaleza. Sólo a través de la concienciación, la educación y la acción colectiva podríamos poner fin a estas violencias y construir una sociedad más justa e inclusiva. Si en su lectura ha llegado hasta aquí, siéntase implicado y piense lo que se puede hacer para erradicar la violencia de género de modo que, con su contribución, se puedan obtener los apoyos necesarios que permitan mejorar su calidad de vida.
