Izquierda Unida considera que las denuncias y las numerosas sentencias de los Tribunales de lo Social de CLM evidencian que “la realidad dista mucho de los objetivos exigidos en los Planes de Empleo” porque “ni se produce la inserción laboral y la formación profesional de los trabajadores, ni los proyectos son de interés general y social”. Además, la formación advierte, en un comunicado remitido por Gregorio García-Dotor, responsable de Empleo, que a los trabajadores se les debe aplicar el régimen retributivo establecido en el convenio del personal laboral, “pues lo contrario es discriminatorio e inconstitucional”.
Izquierda Unida muestra su disconformidad con determinados aspectos de la regulación legal de los Planes de Empleo en CLM, conocedores de que “las familias necesitan trabajar”. La formación asegura “no estar en contra de los planes, aunque sí creemos que generan más desigualdad porque, tal y como dictan muchas sentencias, se están utilizando de forma irregular”.
En primer lugar, según el comunicado de García-Dotor, el texto determina que la concesión de las subvenciones de los Planes de Empleo debe “crear oportunidades de inserción en el mercado laboral para la ejecución de proyectos de interés general y social, así como actualizar o renovar sus competencias profesionales con acciones de orientación laboral y/o de formación”.
De la misma forma, según IU, se establece que los proyectos deben ser de “interés general y social competencia de las entidades beneficiarias, quedando excluidos los que contemplen actuaciones por las que la entidad perciba contraprestación económica o que supongan reducción, sustitución o amortización de puestos de trabajo”.
Sin embargo, continúa el comunicado, las denuncias de los sindicatos y de los contratados, así como las numerosas sentencias de los Tribunales de lo Social de CLM, evidencian que “la realidad dista mucho de los objetivos y finalidades exigidos” porque “ni se produce la inserción laboral y la formación profesional de los trabajadores, ni los proyectos subvencionables son de interés general y social”.
Lo que demuestra, para IU, que “se utiliza a los contratados en puestos de trabajo estructurales (ocupando plazas vacantes y realizando sustituciones de empleados públicos), colaborando en labores de servicios externalizados o privatizados (incrementando así el lucro de las empresas concesionarias), o, lo que es peor, en puestos de trabajo carentes de ocupación real y efectiva”.
García-Dotor afirma que, según palabras de Emiliano García Page, “uno de los objetivos más importantes de los Planes de Empleo es facilitar el acceso de los trabajadores beneficiarios al subsidio de desempleo durante seis meses”, lo que “acredita, además del clientelismo electoral, que muchos de los contratos son fraudulentos”.
En este sentido, Izquierda Unida CLM demanda a Empleo que el convenio, suscrito en 2020, con la Inspección de Trabajo y Seguridad incluya la realización de inspecciones y controles para comprobar la existencia de un proyecto real de interés general, de una ejecución viable y del empleo efectivo”, control que sólo será eficaz con la visita no avisada a los centros de trabajo municipales. Para ello “se requiere contar con personal funcionario con capacidad y experiencia, profesionales que la Junta no tiene”.
“El salario será el establecido en los convenios del personal laboral de los ayuntamientos, lo contrario es discriminatorio e inconstitucional”
Sobre la modalidad de contratación, la duración y jornada de los contratos, la Orden omite la regulación del salario. Ante ello, Izquierda Unida Castilla-La Mancha insta a atender a la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que determina que el salario será el establecido en el convenio colectivo de aplicación, y, sólo en su defecto, serán retribuidos por el Salario Mínimo Interprofesional.
Sin embargo, García-Dotor subraya que los convenios del personal laboral de muchos ayuntamientos excluyen de su ámbito de aplicación a los trabajadores contratados con Planes de Empleo (las denominadas cláusulas de exclusión), lo que sirve de argumento para justificar el abono del SMI.
Pues bien, para IU, dicho argumento “es contrario a la doctrina de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha que mantiene que a los trabajadores contratados se les debe aplicar el régimen retributivo establecido en el convenio del personal laboral, pues lo contrario es discriminatorio e inconstitucional”.
Por ello, Izquierda Unida realiza un llamamiento a los sindicatos para que “impugnen los convenios colectivos de personal laboral de aquellos ayuntamientos que contienen las cláusulas de exclusión en los planes de empleo, lo contrario es colaborar con la institucionalizan la precariedad laboral”.
