Este jueves, 9 de mayo, tendrá lugar la puesta en marcha de la digitalización de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley de transformación digital, ley 11/2023. Por ello la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en Resolución de 7 de julio 2023 concedió dos días inhábiles en las citadas fechas.
El registro electrónico supondrá la digitalización total del procedimiento registral contribuyendo a lograr el objetivo de papel cero en la administración de justicia, como consecuencia, todos los trámites registrales serán digitales y firmados por el registrador con firma electrónica avanzada, acompañando al documento final inscrito, una certificación estructurada de la situación registral de la finca.
Este registro electrónico será idéntico y homogéneo para todos los registros del territorio nacional, y estará sujeto a los más altos estándares de seguridad electrónica, cumpliendo el Esquema Nacional de Seguridad certificado por el Centro Criptográfico Nacional.
Se crea también una Sede Electrónica en la que el ciudadano tendrá a su disposición la carpeta registral, donde a modo de carpeta ciudadana, podrá comprobar el CSV de sus documentos y recibirá información sobre la situación de todas las notificaciones, comunicaciones, expedientes y procedimientos derivados de su relación con la Institución registral, todo ello sin perder su esencia, la asistencia personal que seguirá prestándose en los registros.
En definitiva, este proyecto transformador, verdadera Marca España que aportará a la sociedad mayor transparencia e interoperabilidad, facilitando la relación con el ciudadano sin perder el trato y la atención personalizada.
En Castilla-La Mancha hay un total de 60 Registros de la propiedad y mercantiles y 62 registradores, que dan empleo a más de 700 personas. Su principal vocación es dar servicio público y garantía Jurídica a la ciudadanía, encontrando los ciudadanos de Castilla-La Mancha un Registro a menos de 60 kilómetros. Un servicio que apuesta por dar dicho servicio no solo en las grandes capitales, sino en el medio rural, para garantizar los mismos derechos de todos los ciudadanos en materia de seguridad jurídica.
.
