No se corresponden las condiciones socio laborales de quienes prestan servicios tan importantes para la ciudanía, especialmente para las personas mayores y otras dependientes.
Si esto no estaba claro, la pandemia del Covid 19 lo sigue poniendo de relieve cada día desde hace ya más de dos años, en unas condiciones muchas veces en precario sin los medios preventivos para desarrollar su labor.
Son ellas mayoritariamente y también algunos hombres los que prestan estos servicios a domicilio, en las residencias de personas mayores en muchas ocasiones con personas con grandes minusvalías, las que realizan labor tan necesaria, humanitaria, y ejercen con gran profesionalidad y con un cariño desbordante, con vocación de servicio público que toda la sociedad le deberíamos agradecer.
Sectores como el de la Sanidad, la limpieza de edificios públicos, especialmente en los hospitales, ambulatorios, y en edificios donde se prestan servicios de atención a la ciudadanía, donde ellas de forma mayoritaria prestan las labores de limpieza y mantenimiento a través de contratas que ningunean salarios justos y condiciones sociales dignas de un país moderno, justo, solidario de una de las democracias de Europa, que en España aún está por llegar después de 42 años de Constitucionalismo.
Me pregunto a estas alturas cómo se puede malpagar a personas que prestan servicios tan dignos como es atender a quien lo necesita, sobre todo a personas mayores, dependientes, enfermas en muchas ocasiones, con salarios de miseria y condiciones sociolaborales manifiestamente mejorables.
Los contratistas o empresas privadas de prestación de estos servicios lo tienen muy claro, para lo que prima el beneficio industrial a costa de los que sea en muchos casos, como denuncian permanente algunos medios de comunicación, otros por desgracia se lo callan o desvían la atención sacando el tema fuera de contexto.
Los gobiernos de ayuntamientos, diputaciones, Comunidades Autónomas y del Estado, cuando privatizan, externalizan o sacan a concurso servicios públicos que han de prestar éstas en gestión directa, saben que con ello precarizan los salarios, las condiciones sociales de los y las trabajadoras que los prestan y la inestabilidad laboral que sufren.
Cuando llega el 1º de Mayo y las elecciones de cualquier rango a todos se les llenan la boca de propuestas para legislar a favor de los trabajadores, la realidad por desgracia es bien distinta, sobre todo en los sectores a los que se refiere este artículo.
Para solucionar este problema en su raíz, hay que actuar política y económicamente a favor de la prestación de estos y otros servicios públicos a la ciudadanía en gestión pública directa.
Cuando estos servicios se adjudican a empresas privadas, se están poniendo las bases para precarizar la prestación de estos servicios a trabajadoras/es con salarios y condiciones sociales muy inferiores a otros trabajadores que hacen esas mismas funciones con su misma categoría profesional desde la gestión pública directa.
Ejemplo:
Cuando un ayuntamiento con 60 trabajadoras del Servicio de Ayuda a domicilio se externaliza y se presta a través de una empresa privada, las trabajadoras suelen cobrar unos 300 € menos al mes que si fuesen trabajadoras municipales, esto viene a ser unos 4.500 € menos al año, de los cuales 3.000 € se lo lleva la empresa adjudicataria de beneficio INDUSTRIAL, y los otros 1.500 € se los ahorran en caso de ser de la Comunidad de Castilla-La Mancha un 75%, 1.075 € la JCCM y el 25% 425 € el ayuntamiento de que se trate, en detrimento de las condiciones económicas y sociales de las trabajadoras que prestan este servicio y la estabilidad en su puesto de trabajo lo que les crea una gran incertidumbre.
Si el Ayuntamiento en cuestión tiene una plantilla de 80 trabajadoras puede estar en torno a los 250.000 € anuales de beneficio INDUSTRIAL para la Empresa que tiene adjudicado el Servicio de Ayuda a Domicilio en ese Municipio.
La Comunidad Autónoma de la JCCM se puede estar ahorrando unos 85.000 € anuales y el Ayuntamiento de que se trate unos 35.000.
Esto quiere decir que el montante económico que están dejando de percibir esas 80 trabajadoras del servicio a domicilio del Ayuntamiento del que se trate, al estar privatizado la prestación del mismo a través de una contrata, sería 370.000 € que dejarían de percibir esas trabajadoras.
Esta disyuntiva es la que se puede aplicar a cualquier servicio de las administraciones públicas que estén externalizados y privatizados, el perjuicio siempre va a ser para los y las trabajadores del sector y administración de que se trate, y para los usuarios que reciban los mismos, bien sea en este sector o en otros de las administraciones públicas de cualquier pueblo, ciudad o Región de España.
Desde aquí mi apoyo personal a estas trabajadoras por su lucha por un convenio digno, a las que les estoy muy agradecido por el Servicio que prestaron a mi madre cuando lo necesitó, a los servicios sociales y al Ayuntamiento de Alcázar, al que solicito de forma cordial, atiendan las justas demandas de estas trabajadoras.
Joaquín Arias Abengozar
