La historia de los pueblos no se escribe con silencios, sino con la persistencia de quienes se atreven a señalar la verdad incluso antes de que esta sea evidente. Hace tiempo, ante la aparición de los primeros síntomas, tuve la determinación de ser uno de los primeros en advertir que el futuro de Alcázar de San Juan pasaba, inexorablemente, por la recuperación de su esencia como nudo ferroviario y por la unidad innegociable de sus gentes. No lo hice desde la arrogancia del que cree saberlo todo, sino desde la observación del que conoce la raíz de nuestra tierra. Hoy, veo con satisfacción que ese camino de unidad que propuse ha sido finalmente tomado por todas nuestras fuerzas políticas. Celebro este frente común, pues es la única senda que nos garantiza no ser arrollados por la indiferencia.
-El colapso del embudo: La evidencia de una necesidad.
No es solo cuestión de orgullo local; podríamos decir que incluso se trata de una cuestión de Estado. Los recientes acontecimientos, marcados por el trágico accidente ferroviario en Adamuz y el colapso circulatorio que ha dejado a ciudades del calado de Málaga desconectadas en plena Semana Santa, son testimonio de ello. El sistema ferroviario actual hacia el sur se ha diseñado como un embudo asfixiante y no se puede depender de un único paso que, ante cualquier contingencia, se convierte en una auténtica ratonera económica y social.
Nadie nos convencerá de que un baipás en Montoro es la solución definitiva, pues cualquier análisis basado en el sentido común dicta lo contrario: eso solo aumentará la congestión, el desgaste y el riesgo de colapso. La realización del trazado por Alcázar de San Juan hacia Jaén no es un capricho de hace dos décadas, es la válvula de seguridad que el país necesita. Una línea paralela que no solo cumpliría compromisos históricos, sino que actuaría como la arteria vital para evitar que el corazón deje de latir cuando la vía principal falla. Ignorar esto no es solo un error logístico; sino un gran problema que pagaremos todos.
-La quiebra de los pilares del Derecho y el clamor del sentido común en el reparto de los fondos EDIL
A la lucha por el caballo de hierro se suma ahora una injusticia que afecta a la raíz misma de nuestra convivencia. La exclusión de Alcázar de San Juan de los fondos europeos no es un simple revés administrativo; es, a ojos de cualquier jurista, una alteración flagrante de los pilares del Derecho que sostienen nuestro ordenamiento y nuestra democracia. Hablamos de la quiebra de la legalidad y la tipicidad, principios que obligan a las instituciones a someterse a las normas que ellas mismas dictan. Cuando se cumplen todos los preceptos, cuando se respetan los requisitos formales y se presentan propuestas sólidas, cualquier desviación de lo establecido en las bases nos aboca a una situación de indefensión absoluta.
Las instituciones no pueden ignorar sus propias reglas del juego. La existencia de un debido proceso exige reglas claras, imparciales y, sobre todo, respetuosas con los derechos de quienes concurren a ellas. Inventar criterios de exclusión o figuras jurídicas inexistentes una vez finalizado el proceso no es solo un error técnico; es un ataque a la seguridad jurídica que debe amparar a todo administrado frente al arbitrio.
Pero más allá de la técnica legal, de nuevo debemos apelar al más común de los sentidos: el sentido común. No es posible hablar de fijar población, de combatir la despoblación rural y de garantizar la estabilidad de la España interior mientras, al mismo tiempo, se asfixian los proyectos de las ciudades que sirven de motor a toda una comarca. Aquí también entra en juego otro de estos grandes pilares del Derecho: la proporcionalidad, pues Alcázar de San Juan no es una isla; es el punto de cohesión donde miles de personas de los pueblos vecinos encuentran servicios, empleo y futuro. Por eso, el sentido común dicta que, si el corazón de la comarca deja de latir con fuerza, si el AVE no llega y, por el contrario, los fondos europeos pasan de largo, el equilibrio se romperá definitivamente, provocando un efecto dominó devastador y desmotivador para nuestros jóvenes, que huirán sin remedio. No hay manera de garantizar la prosperidad y de fijar población si se castiga la diligencia política y los buenos resultados demostrados en el pasado. Defender estos fondos es, por tanto, un ejercicio de justicia y de lógica social: solo apoyando los proyectos que cumplen con lo preestablecido se puede mantener viva la esperanza de una tierra que se niega a ser olvidada.
Una llamada al sacrificio por la justicia
Pido el apoyo sin fisuras a la decisión de nuestra Alcaldesa y del Consistorio de elevar esta injusticia a la vía judicial. No obstante, como jurista y conocedor de la complejidad de estos procesos, soy consciente de que se trata de una senda de espinas. Es una lucha de "Íberos contra Romanos" que requerirá de un importante esfuerzo técnico e incluso económico. Y para evitar que esta defensa de nuestra dignidad pueda suponer una merma, hago un llamamiento que trasciende lo político: es el momento de la responsabilidad civil. Si creemos en la justicia de nuestra causa, si amamos esta ciudad que ha sido cruce de caminos y cuna de nuestra felicidad, debemos estar dispuestos a colaborar. La confianza ganada durante todos estos años por nuestros representantes debe traducirse en un apoyo real a todos los niveles en esta aventura jurídica.
Sin unidad, valentía y riesgo no hay resultados. Ha llegado el momento, debemos lograr que Alcázar de San Juan y su comarca se respeten. Pero que nadie se llame a engaño: o caminamos juntos hacia la prosperidad que se nos debe, o nos hundiremos por separado en el olvido al que otros quieren condenarnos. Por Alcázar, por la comarca y por el derecho que nos asiste: unidad y firmeza.
