Las organizaciones sindicales SPL-CLM, FSEP-UGT y CSIF han mostrado su profundo malestar por la reciente aprobación del nuevo Reglamento de Régimen Interno de la Policía Local de Alcázar de San Juan, que, según denuncian a través de un comunicado de prensa, fue llevado a Pleno en julio "sin haber sido previamente conocido ni negociado con los trabajadores ni con sus representantes sindicales".
En un comunicado conjunto, los tres sindicatos califican esta actuación del Ayuntamiento como “una falta total de transparencia” y advierten que se trata de una “imposición unilateral” que vulnera el principio de negociación colectiva, reconocido legalmente en el ámbito laboral.
El nuevo reglamento, que regula cuestiones relacionadas con los derechos laborales de la plantilla de la Policía Local, ha generado una gran inquietud entre los agentes, que aseguran no entender la supuesta urgencia del Consistorio por aprobar un texto que derogaría el reglamento actualmente vigente, "sin haber contado con el necesario consenso sindical".
Alegaciones sin respuesta y mesas de negociación “ficticias”
Tras la aprobación inicial del texto, las organizaciones sindicales, según explican, han presentado diversas alegaciones, "que a día de hoy no han sido respondidas por parte del Ayuntamiento". Lejos de reconducir la situación, los sindicatos denuncian que se han convocado Mesas de Negociación con el único objetivo de “validar una negociación ficticia, sin voluntad real de modificar el reglamento en función de las observaciones planteadas".
Además, acusan al Ayuntamiento "de presionar a las organizaciones" para que retiren sus alegaciones, lo que, según indican, agrava aún más el conflicto.
Diálogo sí, pero con garantías
Desde SPL-CLM, FSEP-UGT y CSIF han reiterado públicamente su disposición al diálogo y a abrir una negociación “real y desde cero”, con participación activa de los trabajadores y sus representantes. Para ello, consideran imprescindible que el Ayuntamiento retire el reglamento aprobado inicialmente y abra un proceso negociador legítimo, transparente y conforme a la normativa vigente.
Los sindicatos aseguran actuar “de buena fe y en defensa de los derechos de los trabajadores”, y confían en que el equipo de Gobierno rectifique "para evitar la judicialización" de un conflicto que, a su juicio, puede resolverse mediante el respeto al marco legal y al diálogo social.
